Carta al Sr. Presidente

Señor presidente.

Como magistrado de la corte suprema de justicia no tengo la más mínima competencia legal vigente, correspondiente a mi cargo y funciones que la carta magna demanda, respecto a lo que pienso.

En virtud de la situación anterior, me dirijo con todo respeto a usted de la manera más respetuosa y objetiva posible. Exceptúo en este caso estar embestido de mi cargo, es decir que como ciudadano natural determinaré a través de esta carta mi propia opinión, la cual no concierne ni se relacionan en lo absoluto, en lo que respecta a mi cargo y funciones.

La respetabilísima institución a la que pertenezco, mis colegas y demás sujetos que la componen, no tienen la más mínima responsabilidad sobre lo que voy a pronunciar. El único que se hace cargo de lo siguiente, seré yo.

Conocemos mutuamente nuestra constitución, la cual prohíbe tácitamente la muerte inducida, o cualquier tipo de negación de la vida de otros. Tengo sesenta años y con mis manos he direccionado como lo estipula la ley, la aplicación de la justicia en todo su rigor; imbuido de toda seriedad, altura y objetividad, para ello.
Ahora bien, conociendo el caso de Andrés Donadío, reitero que como ciudadano le solicito, la aplicación de la pena de muerte.

Frecuentemente las personas ven como la justicia ha ido perdiendo fuerza, poder, dominio, efectividad. Cada vez más se hace evidente la violencia en las calles. Esta incontrolable crece como espuma, mientras los ciudadanos de bien son sus víctimas favoritas. La justicia pierde garras y la compran las mafias y grupos delincuenciales. Entonces vemos como el crimen organizado se fortalece, construye poder y es efectivo.

Cada año las víctimas fatales han aumentado un 46%, el acceso carnal violento un 37%, el robo de automóviles un 22% y el hurto callejero 41%. Acaso el hombre trabajador, que paga sus impuestos, le da educación a sus hijos y es asesinado mientras es atracado en su propia vivienda. Días después los implicados en el hecho, salen libres por vencimiento de términos, o por falta de pruebas, incluso por supuesto error de acusación. Luego vuelven a sus andanzas.

Andrés D., supo lo que hizo y tuvo la “delicadeza” de ir hasta las últimas consecuencias. Así por intentar robar las zapatillas nuevas de una joven, y luego de la tortura psicológica que tiene que aguantar la víctima, este sujeto, tuvo una idea correspondiente a su nivel y condición. Acometió sexualmente, sin su consentimiento y con la mayor brutalidad posible.

El dictamen de la policía médica, es contundente. El reporte expresa "al tacto rectal" se detecta una "ámpula con contenido líquido al parecer con perforación de pared posterior de recto". Asienta además: "se alcanza a palpar sacro, doloroso a la palpación".

Con cuadro de perforación de recto (...) sus condiciones son graves, con riesgo de muerte. Pronóstico: reservado para la vida". Existencia de equimosis en orla himenial, equimosis en tercio inferior pared posterior de vagina, así como laceraciones en labios mayores en horas 3, 5, 7 y 11, desgarros antiguos en himen anular. Causó también un sangrado transvaginal activo, agrega el dictamen médico.

Del dictamen de traumatología de la víctima, rendida por el Dr. Juan Mendizábal, perito médico, se observa traumatismo cráneo encefálico, fractura, luxación de vértebras cervicales, anemia aguda.

Dicho así, esta menor corre severamente el riesgo de perder la vida, puesto que gran parte de su integridad ha sido destruida y vulnerada. El hecho refleja la incapacidad de la sociedad para reaccionar ante este tipo de actos, al parecer en etapa de naturalización social. Para unos son solo cifras (acceso carnal violento un 37%,) para otros, es una durísima realidad. De este modo cada padre, hermano, hijo, primo, abuelo o nieto, de esta sociedad debería comprender las implicaciones humanas, de realizar este tipo de actos. Sin olvidar a su madre, abuela, hermana, hija, etc.

“Aquel que incurra en actos que determinen la vulneración de cualquier derecho o sujeto, incurrirá en delito de lesa humanidad” así lo prescribe la constitución, lo que no y porque no sabe cómo, es revertir el daño hecho. Un banco puede ser robado y su dinero recuperado, pero una vida destruida, no tiene el más mínimo posible resarcimiento.

Bajo mi saber, conozco la postura frente a la pena de muerte que la ley tiene. Socialmente unos pueden decir que es innecesaria, otra justa, para algunos es un castigo, para otros un juicio que no resuelve nada en el victimario. Se hablaba en otra época de la ley del talión, principio jurídico, devenido socialmente en la venganza. Personalmente tengo que reconocer que mi postura, contradice claramente la que he defendido durante casi treinta y cinco años. En este caso pido justicia, una que sea palpable, ejemplar, que sirva como testimonio. Así la sociedad toma conciencia sobre lo que debió haber sentido esa niña entre sus dos piernas, entre su pecho y su mente.


Necesario así, solicita desde lo más profundo del alma:
El dolor de un padre.


Cesar Augusto Compte
Magistrado de la Corte Suprema de Justicia.